El 2 de junio del 2021 se aprobó en el Congreso de los Diputados la ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad, que entrará en vigor el 3 de septiembre. La discapacidad es uno de los grandes desafíos, de presente y de futuro, que tiene planteada la humanidad.

 

Una legislación respetuosa con la discapacidad debe partir del valor de su diferencia y tener presente que afecta no solo a las condiciones de vida de millones de personas, el 10 por ciento de la población mundial, sino también a su dignidad, libertad e igualdad con las demás personas.

 

Todas las personas son iguales en dignidad, y al mismo tiempo diferentes, distintas, únicas, irrepetibles. Muchas personas, cada vez más, son dependientes, frágiles, vulnerables, necesitadas de pleno reconocimiento de su capacidad jurídica, de asistencia, de apoyos y de ayudas, para sentirse seguras, tomar decisiones y progresar.

 

En el marco de la tramitación del proyecto de ley comparecieron, ante la Comisión de Justicia del Congreso, trece personas expertas en la materia. El primero de los comparecientes fue Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que afirmó que la discapacidad afecta en España a más de 4 millones de personas, 12 millones si se cuentan sus familias, una situación de discapacidad en uno de cada cinco hogares españoles; y resaltó el apoyo firme del CERMI a la iniciativa legislativa, que obedece a poderosas demandas sociales, morales, políticas y jurídicas.

 

Por su parte, en representación de la ONCE, su secretario general, Rafael de Lorenzo, afirmó que el proyecto es un gran esfuerzo de país, que se ha contado con el sector y que cabe resaltar el papel que han jugado los tres ministros de Justicia de dos gobiernos diferentes, en la aprobación del texto legal, que permitirá que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos plenamente.

 

La nueva ley constituye el paso decisivo en la adecuación del ordenamiento jurídico español a la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que, aprobada en Nueva York en el 2006 y ratificada por España en el 2008, se considera el primer tratado internacional sobre la materia.

 

El artículo 12 de la convención establece la plena capacidad jurídica, en el sentido de titularidad de derechos y de aptitud para ejercitarlos, de las personas con discapacidad, y la obligación de los estados partes de proporcionar acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

 

El nuevo paradigma de la discapacidad consiste en el respeto de los derechos, la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad, con lo que ello supone de radical cambio de concepción en relación con la representación o sustitución que, con carácter general, implicaban la incapacitación y la tutela.

 

Como notas esenciales de la nueva ley cabe señalar, además de las mencionadas: el modelo social de discapacidad, el papel del notariado en la articulación de las medidas voluntarias, la curatela como principal medida en el ámbito judicial, el carácter institucional de la guarda de hecho, el procedimiento de provisión de apoyos en el marco de la jurisdicción voluntaria, y las salvaguardas que asegurarán que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de un órgano judicial independiente e imparcial.

 

Como reflexión final, cabe subrayar el cambio de mentalidad que supone capacitar a las personas con discapacidad mediante la provisión de los apoyos que necesiten para expresar su voluntad y reconocer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida.

 

Fuente: La voz de Galicia